La UE impulsa el derecho a reparar para frenar el "usar y tirar", pero el mercado aún pone barreras

Durante años, la reparación se ha presentado como un gesto individual, casi militante, frente a un modelo basado en comprar y desechar. La normativa, sin embargo, podría cambiar escenas como esta. Tras varios intentos regulatorios en distintos países, Europa pasa a limpio el llamado “derecho a reparar”, una nueva regulación que busca corregir un mercado que ha dejado de premiar la durabilidad. 

La Directiva (UE) 2024/1799, adoptada en junio de 2024, establece normas comunes para

promover la reparación de bienes “en beneficio de los consumidores, el medioambiente y el mercado interior”, con el objetivo de evitar que productos técnicamente reparables se desechen de forma prematura. La norma entró en vigor en julio de 2024 y los Estados miembros tienen hasta julio de 2026 para trasponerla a sus legislaciones nacionales. “Cuando se inicie la tramitación parlamentaria enviaremos nuestras propuestas para que la ley mejore y no empeore”, explica Adriana Espinosa González, responsable de recursos naturales y residuos de Amigas de la Tierra. 

El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible traslada a España las obligaciones europeas relativas al derecho a reparar. El texto fomenta que la reparación sea una alternativa al reemplazo y refuerza la información sobre la reparación y servicios posventa. Entre las medidas que se analizan para incentivar la reparación figura la extensión de la garantía más allá del periodo mínimo cuando la persona consumidora opta por reparar en lugar de sustituir el producto, así como la prevención de prácticas comerciales que presenten un bien como reparable sin que lo sea. 

Datos del Eurobarómetro, en diferentes oleadas, muestran que más de tres cuartas partes de las personas consumidoras en la UE preferirían reparar un producto antes que sustituirlo, pero que una proporción muy significativa descarta esa opción por el coste de la reparación, la falta de información o la dificultad para encontrar servicios especializados. Un desfase que, según reconoce la propia Comisión Europea, no respondería a una falta de conciencia ciudadana, sino a cómo está diseñado actualmente el mercado. 

Lo que esta regulación pone en cuestión es un modelo productivo concreto. “El modelo que impide el derecho a reparar está basado en la sobreproducción y el sobreconsumo. Son modelos en los que las grandes empresas diseñan productos para que se desechen muy rápido”, explica Espinosa. No se trata solo de fallos técnicos, sino de un sistema que incentiva la sustitución constante. “Un producto reparable no da beneficios a las grandes empresas. Está diseñado para que no puedas reparar tus productos”, añade. 

Las consecuencias se notan de forma directa en los hogares. En el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, reparar suele ser una mala opción económica. “Uno de los principales obstáculos es el precio de las piezas. El precio lo fija la empresa fabricante y lo elevan tanto que no puedes reparar”, señala la portavoz de Amigas de la Tierra. A ello se suma la falta de acceso a manuales de reparación o a información técnica básica, que no siempre está garantizada por la ley. 

Esa barrera económica y técnica se confirma en la práctica cotidiana de los repair cafés. “Nos encontramos muchas veces con aparatos que técnicamente podrían repararse, pero no compensa hacerlo. Las piezas son difíciles de encontrar o cuestan más que comprar un aparato nuevo, y además el diseño no facilita el acceso: tornillos especiales, aparatos enclaustrados o componentes que no se pueden desmontar”, explica Fidel García Gutiérrez, portavoz del Repair Café del barrio madrileño de Hortaleza. 

Desde la perspectiva de los derechos de las personas consumidoras, la valoración de la norma es prudente. Eva Kreisler, responsable de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, considera “positivo que la normativa europea refuerce la transparencia y la información sobre las condiciones de reparación, el precio y los plazos, lo que puede facilitar comparar ofertas y buscar quien haga la reparación”. Pero advierte de que “su alcance es todavía limitado porque el número de productos a los que se aplica es reducido y faltan incentivos fiscales, como una reducción del IVA, que hagan de la reparación una opción realmente competitiva frente a la compra de un producto nuevo”.

La legislación europea intenta empezar a revertir esta lógica de forma progresiva. Reconoce el derecho de las personas consumidoras a exigir la reparación y obliga a ofrecerla en plazos y condiciones razonables. Además, incorpora medidas para reforzar la información sobre la posibilidad de reparación, la disponibilidad de piezas y los servicios posventa, y prevé la creación de un fondo de reparación financiado por las empresas fabricantes, siguiendo el principio de “quien contamina paga”. 

Desde Amigas de la Tierra advierten, sin embargo, de que ese principio corre el riesgo de vaciarse de contenido si no se modula adecuadamente. Cuando las tasas no son suficientemente disuasorias, alertan, el sistema puede acabar en un “quien puede pagar, contamina más”, sin alterar realmente los incentivos de diseño ni frenar la obsolescencia. Por eso, la organización se prepara para aportar a la tramitación española todos estos condicionantes y lograr “el texto más ambicioso posible”. 

Desde el ámbito de las organizaciones de personas consumidoras también se subrayan los límites de la regulación. “El número de productos a los que aplica la directiva es reducido y echamos en falta medidas de fiscalidad que incentiven la reparación, como una reducción del IVA, y un mayor impulso al mercado de segunda mano”, apunta Kreisler. Sin esos incentivos, la reparación seguirá compitiendo en desventaja frente a la compra de productos nuevos. 

El debate va más allá de la conciencia individual. Reparar no debería depender de la habilidad, el tiempo o la militancia de cada persona, sino de que el mercado y la regulación lo permitan. El derecho a reparar no propone volver al pasado ni renunciar a la innovación tecnológica, sino corregir un modelo que ha hecho del desperdicio una norma. Convertir la reparación en una alternativa real y accesible es, en última instancia, una cuestión de justicia económica y de responsabilidad compartida.