En los Países Bajos, tanto desde las esferas políticas como desde las organizaciones empresariales, se demanda una mayor protección para las empresas tras los últimos acercamientos hostiles experimentados por entidades como Unilever y AkzoNobel. La ciudadanía está preocupada por los puestos de trabajo, por el desarrollo de sus conocimientos y por la sostenibilidad como objetivo a largo plazo.
Teóricamente, la amenaza de una absorción empresarial mantiene a las empresas en tensión y garantiza la mayor rentabilidad posible para los accionistas. Según esta escuela de pensamiento, la compañía existe para los accionistas y son ellos por tanto quienes deciden qué sucederá con ella. Este enfoque deja mucho margen de maniobra para las actitudes egoístas y no presta ninguna atención a las consecuencias a largo plazo para el resto de grupos de interés.
¿Cuál es el problema? En la mayoría de las empresas, normalmente no cotizadas, el equipo de dirección y el Consejo de Administración tienen personalmente la oportunidad de decidir qué influencia tendrá un accionista a nivel estratégico, e incluso quién se convierte en accionista de la empresa.
Pero en las compañías cotizadas la situación es muy diferente. Un accionista puede adquirir una participación sin que la empresa se entere o sin que se pueda hacer nada al respecto. Buen ejemplo de ello es lo que pasó con el hedge fund TCI en ABN Amro en 2007. A pesar de que contaba con menos del 1% de las acciones, TCI exigió que se modificara la estrategia de la compañía. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Los accionistas salen ganando con estas actuaciones, pero no sucede lo mismo con el resto de grupos de interés.
De hecho, sería inconcebible que una estructura como esta fuera posible en 2017. Empresas como Unilever y AkzoNobel quieren tener en cuenta los intereses de múltiples grupos de interés, tales como la ecología, las condiciones laborales de los productores y fabricantes y la necesidad de transparencia e información entre los consumidores. Y, por supuesto, también los intereses de los accionistas.
Es triste decirlo pero estos deseos se ven seriamente afectados si los accionistas no están contentos o, peor aún, si se da prioridad a sus propios intereses a corto plazo. Y esto resulta inaceptable a la vista de la creciente importancia social de contar con una estrategia corporativa sostenible a largo plazo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Nos hemos puesto de acuerdo en que la titularidad de las acciones implica un control de largo alcance. La propiedad de una acción se confunde con la propiedad de la propia compañía. Puede que parezca un juego de palabras, pero no lo es. Una empresa no pertenece a los accionistas; ellos se limitan a tener una participación en la misma. No obstante, los accionistas se comportan con frecuencia como si la empresa fuera suya y únicamente tuviera que servir a sus intereses.
Como persona, cada cual tiene su propia identidad, su propia posición jurídica, pero uno solo existe y se desarrolla en el contexto que le rodea, en el que intervienen otras personas y el propio planeta. Estos tienen por tanto una “participación” en el desarrollo de uno, pero no por ello les pertenece. Hace años que se abolió la esclavitud.
La Corporación Social
La empresa del futuro también debe liberarse de este tipo de “esclavitud”. Las grandes compañías cotizadas, sobre todo, deberían estructurarse como Corporaciones Sociales y documentar así su estructura de gobierno desde una amplia perspectiva socialmente responsable. Las propiedades de este tipo de estructuras son las siguientes:
- La posición de los grupos de interés es equivalente, y ello requiere un claro marco jurídico. Esto no quiere decir que tengan la misma posición. Los accionistas asumen riesgos, y esto significa que deben adoptarse acuerdos sobre cómo se comparten los beneficios y las pérdidas. Por otra parte, se aplican diferentes acuerdos a diferentes grupos de interés.
- Si una empresa se autogobierna en mayor medida, la función del Consejo de Administración debe ampliarse y profundizarse. Deberá ser más amplia porque se considera que tiene en consideración los intereses de todos los grupos de interés en su función de supervisión; y deberá ser más profunda porque es necesario que exista una mayor concentración en la misión (“propósito”) de la sociedad. En otras palabras, va mucho más allá de la actual obligación legal, en la que los intereses de la sociedad resultan clave.
- Es fundamental que exista un mecanismo de información transparente sobre cómo trata la organización los intereses de todos los grupos, y estos mecanismos deben estar integrados en las leyes y en la regulación.
La forma jurídica de Corporación Social sigue siendo hoy en día la excepción. Es hora de tomar medidas para que, en 20 años, se convierta en la norma, de forma que ya no sea necesario denominarla “social”.
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